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En febrero de 2022, el gobierno español publicó su Plan Legislativo para 2022, en el que se incluye una ley nacional que obliga a las empresas transnacionales españolas a ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en su cadena de suministro (Plan Normativo 2022 p.114). Apoyada por la Plataforma por Empresas Responsables – un grupo de organizaciones de la sociedad civil española – la ley se basa en el proyecto de ley de Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad de la UE y propone:
Diligencia debida a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo la adopción y el desarrollo de planes de diligencia debida que prevengan, eliminen, mitiguen y/o remedien las violaciones de los derechos humanos y medioambientales
Incluir a los sindicatos y a las entidades sin ánimo de lucro en la adopción de medidas colectivas en nombre de las víctimas y en el desarrollo, aplicación y supervisión de los procesos de diligencia debida
Un sistema de sanciones contra las empresas que no cumplan con sus obligaciones
Garantizar el acceso a la justicia de todas las personas o comunidades que hayan sido víctimas de violaciones de los derechos humanos y medioambientales derivadas de las actividades realizadas por las empresas en sus cadenas de suministro
Esta nueva legislación se produce tras la creciente presión de la sociedad civil en España para promover los derechos humanos en las empresas, incluyendo la aprobación en diciembre de 2021 de un Plan Nacional de Acción contra el Trabajo Forzoso y la ratificación de dos normas clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (C190) y el Convenio sobre el Trabajo a Domicilio (C177).
Tras las leyes nacionales que apoyan la diligencia debida en materia de derechos humanos en 2021 en los Países Bajos, Noruega, Alemania, EE.UU. y Canadá y en 2022 en Japón, los gobiernos nacionales están cambiando cada vez más el marco de los derechos humanos del voluntariado al activo empresarial. Aunque se están adoptando mecanismos progresivos para garantizar el respeto de los derechos, los mecanismos parciales han sido inadecuados para reducir las violaciones de los derechos humanos a escala. La normativa establece ahora un marco de obligaciones, infracciones y sanciones para las empresas si violan los derechos humanos en terceros países, garantizando que todas las víctimas tengan un acceso adecuado a la justicia.
Las empresas pueden remediar de forma proactiva los riesgos de derechos humanos desarrollando un ecosistema holístico para promover la diligencia debida obligatoria en la cadena de suministro. Para obtener más información sobre cómo Labor Solutions puede apoyar a su empresa en la evaluación de riesgos de derechos humanos, póngase en contacto aquí o en info@laborsolutions.tech